Fallo demoledor del juez Julián Flores: pese a presiones políticas y judiciales, la convicción personal prevaleció sobre el poder

En una sentencia de extrema gravedad institucional, el juez Julián Fernando Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial N.º 21 de Resistencia, declaró ilegítimas las decisiones del Ministerio de Educación del Chaco que suspendieron fondos y clausuraron la Fundación Valdocco. Pese a los aprietes políticos y judiciales que suelen recaer sobre quienes fallan contra el Poder Ejecutivo —y aun frente al riesgo de eventuales derivaciones ante el Consejo de la Magistratura— el magistrado resolvió conforme a su convicción jurídica y humana, sin medir consecuencias personales.

El fallo dictado por el juez Julián Fernando Benito Flores no solo tiene impacto jurídico y social: también expone, de manera implícita pero contundente, las tensiones reales que atraviesan al Poder Judicial cuando una decisión incomoda al poder político de turno.

En una provincia donde fallar contra el Ejecutivo suele tener costos, y donde no son ajenos los aprietes políticos, disciplinamientos institucionales y advertencias veladas, el magistrado avanzó igual. Lo hizo sabiendo que una sentencia de este calibre —que desarma decisiones ministeriales, ordena restituir fondos y acusa al Estado de violar derechos humanos— puede derivar en cuestionamientos, operaciones y hasta intentos de desgaste en ámbitos como el Consejo de la Magistratura.

Nada de eso detuvo el fallo.

Desde el Juzgado Civil y Comercial N.º 21, Flores hizo lugar a la acción de amparo de la Fundación Valdocco y calificó como sustancialmente ilegítimo el accionar del Ministerio de Educación del Chaco, al haber suspendido aportes estatales, clausurado la institución y desfinanciado su estructura sin consulta previa, libre e informada al pueblo indígena Wichí, en abierta violación de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos.

La sentencia no se refugia en tecnicismos ni en ambigüedades calculadas. Por el contrario, expone con crudeza que el Estado actuó de manera unilateral, sin medir el impacto humano de sus decisiones, y poniendo en riesgo la educación, la alimentación, el alojamiento y la contención comunitaria de niños y adolescentes indígenas en situación de extrema vulnerabilidad.

Flores fue claro al describir que la Fundación Valdocco no es una escuela más, sino un espacio vital, donde los niños no solo aprenden, sino que viven, comen, se cuidan y se reconstruyen frente a contextos atravesados por pobreza estructural, desarraigo y consumo problemático. Clausurar o asfixiar financieramente ese espacio, sostuvo, equivale a romper proyectos de vida en formación.

Uno de los tramos más incómodos para el poder político es aquel donde el fallo interpela directamente al Estado con preguntas que nadie respondió antes de avanzar con las sanciones: ¿Dónde irían esos niños si la institución cerraba? ¿Quién se haría cargo de su cuidado cotidiano? ¿Qué alternativa real y culturalmente adecuada ofreció el Gobierno?

La respuesta judicial es demoledora: ninguna.

El magistrado sostuvo que el interés superior del niño fue vaciado de contenido y reducido a una consigna formal, mientras en los hechos se adoptaban decisiones regresivas, desproporcionadas y contrarias al bloque constitucional y convencional. En ese marco, ordenó la continuidad inmediata del funcionamiento de la Fundación, la restitución plena de los aportes estatales y el pago de los fondos retenidos en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ley.

Pero más allá de lo resolutivo, el fallo deja un mensaje político claro y poco frecuente: la función judicial no puede subordinarse al temor, a la presión ni al cálculo personal. Cuando los derechos humanos de niños indígenas están en juego, la neutralidad aparente se transforma en complicidad.

Pese a los riesgos, pese a los posibles costos y pese a las consecuencias que suelen enfrentar quienes contradicen al Ejecutivo, el juez Julián Flores eligió fallar conforme a su convicción jurídica y ética. En tiempos de justicia temerosa, el fallo marca una diferencia incómoda: cuando la ley y la dignidad humana están en juego, el silencio también es una forma de fallo.