A pesar de haber alcanzado puntaje de excelencia en concursos públicos para cargos judiciales de máxima jerarquía, dos abogados litigantes del interior chocan contra un hecho de extrema gravedad institucional: el silencio cómplice, deliberado y funcional del Colegio de Abogados de Sáenz Peña, una conducta que erosiona la legalidad del proceso, vulnera derechos de la matrícula y pone bajo sospecha la transparencia del Consejo de la Magistratura.
Excelencia acreditada y bloqueo político deliberado
El Dr. Facundo Cabaña, postulante al cargo de Juez de la Cámara Civil, Comercial y Laboral, y el Dr. Cristian Arana, aspirante a la Fiscalía de Investigaciones Penales, lograron puntajes de excelencia en los respectivos concursos, convirtiéndose en los únicos abogados litigantes en alcanzar dicho nivel de evaluación.
Sin embargo, lejos de encontrar un acompañamiento claro, transparente y ajustado a derecho por parte de la institución que debería defenderlos, el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña, incurre en una conducta grave: retiene, dilata y omite otorgar el mandato que legal y éticamente corresponde al representante de los abogados del interior ante el Consejo de la Magistratura.
La matrícula se planta: más de 200 firmas contra una conducción cuestionada
Esta actitud omisiva de quienes conducen el gremio abogadil de la segunda circunscripción provocó una reacción inédita: más de doscientos abogados suscribieron una nota formal poniendo en conocimiento del Consejo de la Magistratura y de los representantes de los abogados ante dicho órgano la situación descripta.
La magnitud del respaldo deja en claro que no se trata de un reclamo aislado, sino de una reacción colectiva frente a un manejo institucional opaco, autoritario y contrario a los intereses de la matrícula, orientado a bloquear definiciones clave, condicionar políticamente los concursos y manipular la voluntad de los abogados.
Actas violadas y principios democráticos quebrantados
El manejo sorprende aún más si se tiene en cuenta que existen actas del propio Colegio de Abogados que refrendan un compromiso explícito: otorgar mandato únicamente a abogados que se encuentren en el ejercicio activo de la profesión.
Estos valores —la defensa del ejercicio profesional independiente y la representación legítima de los matriculados— estarían siendo groseramente violados, en un accionar que raya la ilegalidad y el abuso de poder institucional.por una comisión del Colegio de Abogados de Sáenz Peña que, según trascendidos, buscaría abrir el mandato para favorecer a funcionarios judiciales amigos, por encima de los intereses de los asociados que deben ser genuinamente representados.
Irregularidades graves que ya no pueden ocultarse
Pero hay aspectos aún más graves que hoy circulan insistentemente en ámbitos profesionales y jurídicos y que, de confirmarse, configurarían un cuadro institucional alarmante:
La falta absoluta de compromiso del Colegio de Abogados con sus propios asociados.
La no constitución regular ni transparente de la Comisión Directiva, con responsabilidades personales que deberían ser esclarecidas.
La exclusión deliberada de la minoría, en abierta violación a los principios democráticos y estatutarios.
La negativa sistemática y arbitraria a convocar a una asamblea, único ámbito legítimo para otorgar mandato expreso en favor de los abogados matriculados.
Un escándalo jurídico e institucional en curso
Si estos hechos se confirman —y la evidencia acumulada así lo sugiere— estaríamos ante un escándalo jurídico e institucional de enormes proporciones, que podría derivar en la falta absoluta de legitimación de quienes accedan a cargos judiciales con el voto de representantes que no cuentan con mandato válido, comprometiendo la credibilidad de todo el sistema.
La pregunta que queda flotando ya no es retórica sino urgente: ¿por qué el Colegio de Abogados de Sáenz Peña incumple sus propios compromisos, se rehúsa a convocar a la asamblea y mantiene un silencio que solo beneficia a intereses ajenos a la matrícula? ¿A quién representa hoy su conducción y con qué legitimidad?
