El Colegio de Abogados y la peligrosa tentación de ser una escribanía política
La falta de definición del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial respecto del mandato a sus consejeros para la propuesta de candidatos a cargos judiciales no solo genera preocupación entre los abogados litigantes, sino que instala un manto de dudas sobre la transparencia, la representación gremial y la independencia del proceso de selección de funcionarios judiciales.
El prolongado silencio del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial frente a un reclamo claro y documentado de más de 200 abogados litigantes pone en jaque la legitimidad gremial de la institución. La negativa —o dilación— en otorgar un mandato expreso a sus consejeros para que propongan exclusivamente a abogados litigantes en los cargos vacantes abre interrogantes profundos sobre el verdadero rol que hoy cumple el Colegio.
Este escenario se agrava en un contexto institucional sensible: la reciente renuncia de un juez, la denuncia pública de presiones políticas sobre otro magistrado y la aparente pasividad del Colegio de Abogados conforman un cuadro inquietante. La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿se están eligiendo a los mejores profesionales para ocupar funciones judiciales o se están promoviendo perfiles funcionales a intereses políticos coyunturales?
Para los abogados litigantes, el reclamo no es nuevo ni caprichoso. Existen actas de comisiones anteriores —tanto del interior como de la capital— que, mediante votación formal, establecieron como mandato claro que los consejeros deben votar exclusivamente por abogados litigantes. Este criterio, lejos de ser una consigna política, responde al espíritu de representación genuina del estamento profesional.
Desconocer ese mandato implicaría validar la versión de que la actual comisión del Colegio de Abogados de Sáenz Peña carece de legitimidad real y actúa como un mero sello al servicio de la política partidaria. Una situación que, de confirmarse, no solo dañaría la imagen de la institución gremial, sino que también pondría bajo sospecha la legalidad y autonomía del propio Consejo de la Magistratura, que corre el riesgo de convertirse en una dependencia más del poder de turno, en lugar de un órgano de rango constitucional.
Hoy, a los abogados litigantes solo les queda apelar a la hombría de bien de sus colegas consejeros y al respeto por la voluntad mayoritaria expresada en actas. Lo que está en juego no es un cargo ni un nombre propio, sino la credibilidad del sistema, la independencia judicial y la vigencia de reglas claras.
Estaremos atentos a cada paso de este proceso. Porque permitir que se manche el nombre del Colegio de Abogados o del Consejo de la Magistratura sería un daño institucional difícil de revertir y una señal peligrosa para la calidad democrática y judicial de la provincia.
