La entrega de una vivienda a una empleada municipal y cercana a la Intendente Patricia Lezcano estalló en un escándalo que expone el hartazgo social tras 30 años de un mismo sistema. Vecinos hablan de “premios políticos”, “acomodados eternos” y “un municipio que funciona como feudo”.
Samuhú explotó. No es enojo: es furia.
La comunidad acusa a la Intendente Patricia Lezcano de volver a utilizar las viviendas públicas como si fueran una herramienta para consolidar lealtades, castigar disidencias y premiar a los propios. Y esta vez, la bronca no se puede contener.
La chispa fue la entrega de una vivienda a una mujer soltera, sin hijos, empleada municipal y —según los vecinos— parte del círculo cercano a la Intendente. Pero el combustible ya estaba acumulado durante décadas.
Porque mientras tanto, en silencio y sin cámaras, una familia vive encerrada en un ex jardín de infantes, con un niño con problemas de motricidad que necesita atención, espacio adecuado y condiciones dignas.
Ellos siguen esperando.Siempre esperando.
Esperando mientras miran cómo se reparten viviendas para quienes tienen la fortuna de estar del “lado correcto” del poder.
En Samuhú, lo dicen sin miedo:
“Acá no se premia la necesidad. Se premia la obediencia.”
Y es ahí donde la indignación se convierte en denuncia pública.
Treinta años de la misma gestión pesan. Treinta años de decisiones que, según los habitantes, siempre terminan beneficiando al mismo sector. Treinta años de listas que nunca se publican, de criterios que nadie conoce, de entregas que se hacen a puertas cerradas, como si la vivienda —un derecho— fuera propiedad privada del municipio.
“Esto no es un error ni un mal paso: es un mecanismo de control”, señalan vecinos y referentes barriales que ya no ocultan su hartazgo. Algunos incluso hablan de “un feudo moderno”, donde todo pasa por la Intendente o no pasa.
Las preguntas que la Municipalidad no responde
¿Por qué se ignoró a una familia con un niño discapacitado viviendo en condiciones indignas?
¿Qué evaluación técnica justificó la entrega a una empleada municipal?
¿Existe un listado público y transparente de familias en espera?
¿Cuántas viviendas fueron asignadas a personas del entorno político en estos 30 años?
¿Por qué nunca se conoce el criterio real de priorización?
El silencio del municipio es ensordecedor. Ni una explicación. Ni una aclaración. Ni un intento de transparencia.
Nada.
Samuhú, mientras tanto, arde.
Vecinos repiten una frase que se escucha cada vez con más fuerza en la calle:
“Las viviendas no son de Lezcano. Son del pueblo.”
Y el pueblo está perdiendo la paciencia.
La exigencia es brutal y directa: revisión inmediata, transparencia total, fin del favoritismo y prioridad absoluta para quienes viven situaciones de emergencia real.
Porque, como ya dicen muchos en Samuhú, esta entrega no es un escándalo aislado.Es el síntoma de un modelo que, para demasiados habitantes, ya no da para más.En el corazón del pueblo, la sensación es clara: la gente ya no está dispuesta a callarse.
