El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a Diego Armando Rolón a cinco años y seis meses de prisión por lavado de activos agravado. La Justicia dio por probado un esquema organizado que desvió casi 300 millones de pesos del Estado provincial mediante fundaciones y cooperativas utilizadas como pantalla.
Una sentencia que desnuda el mecanismo
El Poder Judicial de la Nación dictó la Sentencia N.º 97/2025, mediante la cual el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a Diego Armando Rolón, dirigente social y empleado municipal, como autor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y organización, imponiéndole cinco años y seis meses de prisión, multa equivalente a tres veces el monto lavado y decomiso de bienes.
Junto a él fueron condenados Silvana Alicia García, su esposa, y Lorenzo Rolón, su padre, ambos en carácter de partícipes secundarios, a tres años de prisión en suspenso, multas millonarias y decomisos.
El fallo, firmado por el juez Enrique Jorge Bosch, describe con precisión un esquema sistemático de corrupción y blanqueo de fondos públicos, ejecutado entre 2019 y 2024, con epicentro en recursos asignados por el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
FALLO
Fundaciones y cooperativas como fachada
Según quedó probado en el juicio abreviado, Rolón lideró un grupo económico familiar que utilizó al menos cuatro entidades jurídicas —dos fundaciones y dos cooperativas— como vehículos para captar fondos estatales destinados a programas sociales.
Estas organizaciones recibieron en total $289.101.548,05, de los cuales más del 81 % provinieron del IAFEP. Sin embargo, auditorías oficiales y pericias judiciales demostraron que gran parte de los trabajos financiados no existieron, fueron simulados o presentaron sobrecertificaciones.
Entre los programas cuestionados figuran:
Resi Todos, con tareas de limpieza que se limitaban a tomas fotográficas.
Emergencia Habitacional, con viviendas no ejecutadas o adjudicadas irregularmente.
Galpones Comunitarios, que terminaron siendo quinchos privados con piscina, construidos incluso sobre terrenos del Estado provincial o municipal.
Empresas fantasma y retiro masivo de efectivo
El fallo es contundente al señalar que las entidades carecían de estructura real:
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Sin empleados registrados
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Facturación millonaria con compras mínimas
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Domicilios fiscales coincidentes
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Retiros en efectivo inmediatos tras cada transferencia estatal
El dinero era retirado por ventanilla y luego reinsertado en el patrimonio personal de Rolón, o destinado a la compra de vehículos de alta gama, camiones, ganado, inmuebles de lujo y mejoras edilicias valuadas en cientos de miles de dólares.
Un nivel de vida incompatible
La Justicia destacó el estilo de vida ostentoso del grupo familiar Rolón, absolutamente incompatible con sus ingresos declarados como empleados municipales. Entre los elementos considerados:
Propiedades con valores superiores a USD 600.000
Vehículos y maquinaria pesada
Explotación ganadera
Financiamiento de competencias de karting profesional, incluso con vehículos rotulados con los logos de las entidades investigadas.
El delito precedente sigue bajo investigación
Si bien el Tribunal Federal se declaró incompetente para juzgar el fraude a la administración pública, dejó en claro que el origen ilícito de los fondos quedó acreditado, y remitió las actuaciones a la Justicia provincial, donde la investigación continúa.
Una condena que marca un precedente
La sentencia no solo condena penalmente a los responsables, sino que expone un modelo de saqueo del Estado, basado en la utilización de estructuras sociales como pantalla para el enriquecimiento personal.
La causa deja una pregunta abierta que excede a los imputados:
¿Cómo fue posible que durante años fluyeran millones de pesos públicos sin controles eficaces, mientras se construían mansiones y quinchos privados con fondos destinados a los sectores más vulnerables?
