Se lo acusa de usar fondos públicos para financiar una campaña de desprestigio en redes sociales contra opositores y empresarios, con el fin de instalar la idea de Estado narco en la provincia.
El exdiputado nacional Emiliano Estrada fue imputado este jueves, por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicio, en el marco de la causa que lo señala como el artífice de una maquinaria de creación de noticias falsas, financiada con fondos públicos, para orquestar una campaña de desprestigio a través de TikTok y otras redes sociales, con videos de contenido difamatorio que apuntaban a instalar la idea de un “Estado narco” en Salta, además de lanzar descalificaciones contra empresarios y adversarios políticos.
El fiscal federal Carlos Amad fue quien lo imputó al exdiputado nacional, que hasta ahora no se había presentado ante la justicia amparado en sus fueros, durante la audiencia de formalización de la investigación encabezada por la jueza Mariela Giménez, subrogante del Juzgado Federal 2 de Salta, realizada este jueves de manera virtual y que se extendió por más de tres horas.
Durante su alocución, Amad formalizó la imputación por “abuso de autoridad en dos hechos, en concurso ideal con peculado de servicio, en concurso real”, y explicó que Estrada, en su calidad de diputado nacional, “tenía contratos de gente y abusando de su poder les ordenó hacer cosas desde la clandestinidad”.
El uso indebido de las funciones del legislador
“Claramente, hay un desvío del destino de este trabajo”, explicó el fiscal, quien destacó que el exlegislador “eligió el anonimato” para dar a conocer su opinión, “pudiendo elegir la vía correcta” para hacerlo, y consideró que “el abuso de autoridad implica el uso indebido de sus funciones”.
En este sentido, Amad sostuvo que Estrada debió “ajustar su conducta a lo que le atribuye su función”, y consideró que su accionar también “violó la ley de ética pública”, tras lo que pidió un plazo de investigación de 50 días hábiles, que expira el 4 de marzo de 2026.
Tras un cuarto intermedio, la defensa de Estrada, el abogado Jorge Ovejero, anunció que su defendido no iba a hacer uso del derecho a declarar en la audiencia, teniendo en cuenta que, a su entender, la causa y la imputación “son nulos de nulidad absoluta”, por lo que formuló un extenso planteo de nulidad, basado en distintas causales.
Entre ellas, el letrado esgrimió el incumplimiento del debido proceso; que no existe contenido manifiestamente ilegal en los videos cuya autoría intelectual se le atribuyen a su defendido; la transgresión del artículo 68 de la Constitución Nacional, sobre la inmunidad de los legisladores; y persecución política, entre otros argumentos, tras lo que hizo la reserva del caso federal.
El derecho a la defensa
A su turno, Amad rechazó el planteo de nulidad, por considerar que “no es lógico” y que “no existe afectación del derecho de defensa”.
Posteriormente, Ovejero solicitó la “nulidad total de la audiencia”, y fundamentó este pedido en que la jueza lo apresuró e interrumpió durante su exposición, que fue extensa, y por eso señaló que no pudo desarrollar una causal más de nulidad, y lo calificó como “una violación del derecho de defensa”.
Ante esta situación, la jueza rechazó el planteo de nulidad de la audiencia, considerando que el defensor “pudo explayarse durante su exposición” sin inconvenientes, con lo que dio por iniciado el proceso de investigación, tal como lo pidió el fiscal, por 50 días hábiles, al tiempo que detalló que tiene presente la reserva del caso federal que realizó el letrado.
Finalmente, Ovejero impugnó la resolución de la jueza, por lo que un tribunal de impugnación será el encargado de definir si acepta o no este pedido, en una audiencia presencial que debe realizarse dentro de los cinco días hábiles, y será la Oficina Judicial la que fijará la fecha y hora, en base a las agendas de los tres magistrados que intervendrán en esa instancia.
La causa
La causa, que inició en la órbita de la justicia provincial, comenzó a transitar el fuero federal en febrero de este año, a través del Juzgado Federal 2 de Salta, bajo la subrogancia de Giménez, mientras que Amad, con paso firme, impulsó la citación del entonces legislador a una audiencia de formalización, para informarlo detalladamente sobre las sospechas que recaen sobre él, y para poder imputarlo.
Esto no se logró hasta esta instancia, ya que Estrada no se presentó a comparecer ante la jueza amparado en sus fueros como diputado nacional, que perdió el 10 de diciembre pasado, cuando cesó su mandato, que no pudo renovar en las elecciones del pasado 26 de octubre.
La jueza, incluso, llegó a pedir el desafuero, pero la defensa del entonces legislador desplegó una serie de maniobras legales y políticas para impedir su tratamiento en el recinto de la Cámara Baja nacional y evitarlo.
Pedido de desafuero
A fines de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó el pedido de desafuero que lo mantenía al margen de la justicia, teniendo en cuenta que era legislador nacional, pero concluyó su mandato en la Cámara Baja sin que esta solicitud pueda llegar al recinto para su tratamiento.
El peso de la evidencia en su contra se incrementó cuando dos de sus ex colaboradores, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, admitieron su participación en los hechos, por lo que fueron condenados en un juicio abreviado, que se desarrolló en la órbita de la Justicia provincial salteña.
