A más de 10 años, el caso sigue abierto y ahora suma un frente polémico: denuncias, presión mediática y cuestionamientos al avance judicial
La causa Carbón Blanco volvió al centro de la escena. No solo por los tramos que aún siguen abiertos, sino por una creciente ofensiva mediática y política que apunta contra la fiscalía federal que impulsa la investigación.
En ese foco aparece el fiscal Carniel, quien lleva adelante las líneas más sensibles del expediente, vinculadas al lavado de dinero y la estructura económica del narcotráfico.
El caso dejó condenas históricas por narcotráfico y lavado. Sin embargo, aún hay nombres clave sin sentencia definitiva:
Carla Salvatore
Leopoldo “Polo” Carrena
Ambos vinculados al circuito financiero de la organización, el núcleo más difícil de probar y el que todavía mantiene en movimiento la causa.
Denuncias y presión mediática
En paralelo al avance judicial, comenzaron a instalarse denuncias públicas contra la fiscalía a travez de medios digitales y redes realizadas por el Abogado Chaqueño Carlos Sánchez, defensor del empresario Leopoldo “Polo” Carrena utilizando un medio registrado en abril del corriente año y como teléfono de contacto un numero correspondiente a Lithuania algo que marca lo falaz que se pretende instalar
Pero más allá de lo formal, lo que empieza a llamar la atención en ámbitos judiciales es el trasfondo de estas presentaciones.
Una operación burda con objetivo claro
Distintas fuentes coinciden en que se trata de una maniobra burda y de carácter político impulsada desde sectores de la defensa, con un objetivo evidente: desgastar a la fiscalía, condicionar el proceso y dilatar el avance de la causa
El punto más polémico: la “investigación paralela”
Uno de los aspectos que más genera ruido es que el propio abogado denunciante pretenda llevar adelante una especie de investigación paralela sobre patrimonios, incluso con cuestionamientos sobre su veracidad o posible adulteración.
Abogado denunciante
Esto abre un interrogante clave: ¿puede una defensa atribuirse facultades que son propias de la Justicia?
Porque en el sistema judicial argentino, es el propio Poder Judicial el que debe fundamentar y autorizar medidas sensibles, como por ejemple: el levantamiento del secreto bancario, el acceso a información bursátil, la investigación patrimonial de personas
Es decir, la obtención de esos datos requiere: fundamentos concretos, control judicial, garantías legales
¿Justicia condicionada?
En ese contexto, la situación expone una contradicción fuerte: mientras a la Justicia se le exige justificar cada medida para avanzar y aparecen actores externos que intentan instalar información sin esos controles
En términos prácticos: a la Justicia se le ponen trabas, mientras se busca correr el eje del expediente al terreno mediático.
El fondo del conflicto
Carbón Blanco no solo expuso una red narco con fachada empresarial.
Hoy también deja al descubierto otra tensión: el choque entre el avance judicial sobre el dinero y las estrategias para frenarlo.
