Concejales que antes denunciaban aumentos como “aberraciones” hoy impulsan medidas contradictorias y oportunistas. Entre discursos vacíos y proyectos tardíos, intentan despegarse de una crisis que responde, en gran parte, a las políticas que ellos mismos acompañan.
Cuando la realidad aprieta y deja en evidencia las consecuencias de las políticas actuales, algunos dirigentes optan por el camino más fácil: cambiar el discurso y recurrir a prácticas que hasta hace poco denunciaban como populistas. En General Pinedo, esa contradicción ya no pasa desapercibida.
Tiempo atrás, un grupo de concejales UCR ( Juntos por el Cargo segun Milei) calificó como una aberración el aumento de impuestos municipales.
Sin embargo, en aquel momento se les demostró que esos incrementos eran incluso menores a los aplicados en municipios gobernados por su propio espacio político. La discusión, más que técnica, fue mediática. Y la oportunidad de proponer soluciones concretas quedó relegada frente a la necesidad de instalar un relato.
Volvieron a la carga con un proyecto que propone bajar tasas municipales. Una iniciativa que, lejos de representar una solución estructural, parece más una reacción tardía ante el descontento social.
Resulta llamativo que omitan mencionar que desde 2019 no se ejecutan juicios por deudas de impuestos inmobiliarios ni otros tributos, una decisión adoptada para proteger a empresas y comercios en un contexto económico adverso y evitar la pérdida de puestos de trabajo.
Una realidad muy distinta a la de gestiones anteriores, donde los pasillos de los tribunales de Charata eran escenario habitual de presiones fiscales sobre el sector privado.
Si verdaderamente existiera vocación de atender las demandas de la comunidad, podrían avanzar en iniciativas de mayor impacto.
Por ejemplo, impulsar un reclamo concreto a la Provincia y Nación frente a los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, que golpean de lleno el bolsillo de los vecinos. Sin embargo, ese debate parece esquivarse, quizás porque implicaría confrontar con decisiones del propio gobierno provincial al que responden.
En cuanto al servicio de agua, tampoco escapa a las contradicciones. Pretenden instalar la idea de avances recientes cuando, en realidad, la provisión se sostiene desde hace años gracias al funcionamiento del segundo acueducto. A esto se suma que el acceso domiciliario implica inversiones superiores a los 100 mil pesos para muchas familias, lo que deja en evidencia que no se trata de un servicio plenamente accesible.
Mientras tanto, el impacto del impuesto municipal en la economía de un hogar ronda apenas el 2% del presupuesto. Aun así, quienes hoy levantan la bandera de la “defensa del contribuyente” no dudan en victimizarse, ignorando el contexto general y el peso de otros factores mucho más determinantes.
Si la intención fuera genuina volviendo a la energìa elèctrica, podrían promover medidas que compensen a la comunidad, como exigir beneficios en la factura de luz para los habitantes de General Pinedo, considerando que la localidad alberga uno de los parques solares más importantes del Chaco, desarrollado con impulso y acompañamiento municipal eximición deimpuestos realizado en gestiones anteriores.
Pero nada de eso ocurre. En su lugar, se insiste con discursos que chocan contra la realidad y con proyectos que parecen más pensados para el impacto político inmediato que para resolver los problemas de fondo.
La conclusión es inevitable: cuando el relato se derrumba, queda expuesta la falta de gestión. Y en ese vacío, el recurso más a mano termina siendo aquello que tanto criticaban.
Esperamos que esta nota genere subsestivilidades donde reclamen rectificaciones etc
