La causa conocida como “Leiva”, vinculada al conflicto por el Lote 88, se ha transformado con el paso del tiempo en algo más que un expediente judicial: es hoy un espejo incómodo que refleja la inacción, las omisiones y las responsabilidades políticas y jurídicas de quienes debían defender el patrimonio de todos los chaqueños.
En el centro de la escena aparece la Fiscalía de Estado de la provincia, órgano que según lo establece con claridad la Ley 6808 tiene a su cargo la representación judicial en defensa de los bienes e intereses del Estado. No se trata de una función accesoria ni interpretativa: es una obligación legal indelegable.
Sin embargo, lo que surge del análisis del expediente es, cuanto menos, alarmante.
Desde que la Fiscalía asumió la defensa en este proceso, no se registran oposiciones firmes a medidas que podrían haber evitado la escalada del conflicto. Tampoco se advierte una postura clara y contundente que sostenga que las tierras en disputa pertenecen al Estado provincial puestos que son MUNICIPALES, más allá de los informes técnicos existentes en los expedientes provenientes del Instituto de Colonización.
Pero quizás lo más grave no sea lo que se hizo, sino lo que no se hizo. Nunca se planteó con fuerza la prevalencia normativa de la ley de creación del ejido municipal por sobre un decreto-ley anterior que habría quedado tácitamente derogado. Este punto no es menor: se trata de un argumento jurídico central que podría haber cambiado el rumbo del litigio.
La pregunta que hoy resuena en la sociedad chaqueña es simple pero demoledora: ¿cómo puede ser que quienes tienen la responsabilidad de defender el patrimonio público actúen o dejen de actuar en abierta contradicción con el marco legal vigente?
A esto se suma un dato que agrava el cuadro: hace más de una década que el Estado provincial viene afrontando erogaciones en concepto de honorarios de abogados externos que intervinieron en la causa, además de sostener los salarios de sus propios representantes legales. Es decir, se paga doble por una defensa que, a la luz de los hechos, ha sido como mínimo deficiente.
Los nombres pueden cambiar, los cargos rotar, pero los actores del proceso siguen siendo esencialmente los mismos. Y con ellos, las responsabilidades. Por eso surge otro interrogante inevitable: ¿corresponde que el Fiscal de Estado inicie sumarios administrativos contra sus propios delegados por el posible incumplimiento de sus deberes? ¿O incluso evaluar responsabilidades mayores?
En paralelo, el rol de la Legislatura tampoco puede quedar al margen. Si existen indicios de un desempeño negligente o contrario a la ley por parte del titular de la Fiscalía, ¿no debería analizarse la posibilidad de un juicio político?
Mientras tanto, el daño patrimonial continúa acumulándose. Las cuentas públicas se ven afectadas, los compromisos crecen y, sin embargo, la reacción institucional parece ausente. El silencio, en este caso, no es neutral: es costoso.
El trasfondo del conflicto abre además una hipótesis inquietante que comienza a circular con fuerza: la posible existencia de una connivencia entre sectores que deberían estar enfrentados en el proceso, es decir, entre quienes demandan y quienes deben defender al Estado. Una sospecha grave que, de confirmarse, no solo implicaría responsabilidades administrativas, sino también penales.
En este contexto, cobra relevancia el rol de la Escribanía General de Gobierno. Si, como se sugiere, resulta inviable suscribir el convenio comprometido en su momento por la gestión de Jorge Capitanich, la cadena de responsabilidades podría ampliarse aún más.
El caso del Lote 88 ya no admite dilaciones ni excusas. La ciudadanía merece respuestas claras, acciones concretas y, sobre todo, la garantía de que quienes tienen la misión de proteger los intereses del Estado no esté contribuyendo por acción u omisión a su deterioro.
