Como señalaba el proyecto de ley que Zdero presentó en enero de 2021 y que cofirmó con la diputada radical Carmen Delgado -actual presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco- y la exlegisladora provincial del PJ, Claudia Panzardi -hoy intendenta de Laguna Blanca-, entre los fundamentos para ampliar el ejido de la localidad de Miraflores se encontraba la necesidad de “desafectación de las tierras de las Reservas Nacionales Indígenas de 10.000 has”.

Aunque no lo menciona en los fundamentos, la solicitud del por entonces intendente de Miraflores, de la que se hizo eco Zdero y las otras dos legisladoras, respondía al cumplimiento de la sentencia judicial que quedó firme en el año 2014 y que ordenó al Poder Ejecutivo otorgar el título de propiedad comunitaria del Lote 88 a las comunidades indígenas y reubicar a los pobladores criollos que se fueron asentando sobre esos territorios ancestrales de los pueblos originarios.

Por aquel entonces, el diputado Zdero actuaba con respeto por la ley, la Constitución y buscaba avanzar en el cumplimiento del fallo judicial para reconocer la propiedad comunitaria de esos territorios al pueblo originario, para lo cual se requería ampliar la superficie del Municipio de Miraflores, en dirección contraria al territorio indígena. Todo lo borró con el codo al asumir como gobernador en diciembre de 2023. Al mando del Poder Ejecutivo, Zdero nunca actuó para lograr una la resolución política que implique cumplir con la sentencia, en un verdadero contexto de conflictividad social por el reclamo de los pobladores criollos, que no quedaron conformes con el fallo judicial, a pesar de que legalmente no tienen ningún argumento para frenar su ejecución.

Desde el gobierno, Zdero ordenó a los abogados del Estado que impidan la ejecución de la sentencia. A la par, desplegó una estrategia de desinformar a la opinión pública a través de sus voceros, el ministro de Gobierno, Julio Ferro, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, el mandamás de la pauta oficial, apelando a una serie de medios que replican solo versiones oficiales. Así, buscó responsabilizar por el conflicto al exgobernador Jorge Capitanich, quién sólo se comprometió a cumplir con la sentencia, aunque tampoco avanzó en ninguna medida concreta.

En el plano legal, primero buscó la postergación del plazo, algo que logró a medias, y luego impulsó un pedido de nulidad de la sentencia que quedó firme en 2012, algo absolutamente inconstitucional que va en camino a ser rechazado de plano por el Poder Judicial.

Este caso es uno más que demuestra el doble discurso que manejan algunos funcionarios públicos: uno cuando son opositores y otro cuando acceden al poder. También demuestra que en Chaco siempre se pueden pisotear un poco más los derechos de los pueblos indígenas. Y sin costos políticos ni judiciales.

Fuente: Litigio