El Gobierno provincial viene construyendo desde hace meses un relato político donde los problemas económicos y estructurales del interior chaqueño serían consecuencia exclusiva de las gestiones municipales, especialmente de aquellos intendentes opositores.
Sin embargo, el reciente Decreto N° 1113, firmado el pasado 26 de mayo de 2026, deja al descubierto una nueva avanzada del Ejecutivo provincial para intervenir en el manejo de recursos comunales, generando una fuerte polémica jurídica e institucional.
Mientras distintos funcionarios salen públicamente a cuestionar “qué hacen los municipios con la coparticipación”, mencionando cifras millonarias que reciben algunas comunas, el propio Gobierno provincial reconoce en simultáneo que la coparticipación cayó y que los recursos no alcanzan. La contradicción es evidente: si la Provincia asegura que los ingresos disminuyeron, resulta lógico que los municipios —que dependen de esos mismos fondos— también sufran las consecuencias financieras.
Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades propias, desde Casa de Gobierno se intenta instalar la idea de un supuesto despilfarro municipal. ¿El objetivo? Para algunos sectores, preparar el terreno político para un mayor control sobre las comunas.
El Decreto N° 1113 es contundente en sus considerandos. Allí se expresa la necesidad de “fortalecer los mecanismos administrativos que permitan asegurar la correcta administración, registración, seguimiento y rendición” de los fondos transferidos a municipios. Para ello, se faculta a la Secretaría de Asuntos Estratégicos a dictar medidas complementarias y operativas vinculadas a la gestión de esos recursos.
Justamente esa Secretaría es hoy una de las áreas más cuestionadas por sectores opositores y hasta por dirigentes oficialistas, principalmente por la falta de claridad respecto al manejo de determinados fideicomisos y pautas publicitarias. Por eso, la sospecha política no tardó en aparecer: ¿se busca realmente transparencia o se intenta construir un relato para disciplinar intendentes?
Las dudas crecen cuando se observan situaciones que también generaron polémica en distintos municipios. Desde el escándalo por contrataciones millonarias —como el llamado “kiosco de los 42 millones” por estructuras 3x3 en la Municipalidad de Resistencia— hasta el debate generado por las inversiones financieras realizadas por el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde parte de los fondos fueron colocados a plazo fijo y en la Bolsa de Comercio del Chaco.
Pero el eje más delicado pasa por el plano jurídico. El artículo 1° del decreto faculta a la Secretaría de Asuntos Estratégicos a dictar normas “para garantizar la correcta gestión, administración, seguimiento y control de los fondos públicos provinciales transferidos a los municipios”. Y el artículo 2° establece que esas disposiciones deberán ajustarse a las normas de administración financiera y control del gasto público.
Para varios especialistas en derecho administrativo y municipal, el problema es que la Provincia estaría arrogándose competencias que pertenecen constitucionalmente al Tribunal de Cuentas. El abogado Marcelo Chávez, consultado sobre el tema, sostuvo que la medida “invade facultades propias del Tribunal de Cuentas establecidas en el artículo 178 de la Constitución Provincial y en el Reglamento de Contabilidad y Administración Financiera para Municipios, particularmente la Resolución 14/96 del Tribunal de Cuentas”.
Además, algunos sectores advierten que el decreto deja zonas grises respecto a otros instrumentos previos, como el Decreto N° 401, alimentando aún más las sospechas sobre posibles maniobras políticas o administrativas.
En definitiva, la medida abre un fuerte debate institucional: ¿se trata de una herramienta legítima de control sobre fondos provinciales o de un intento político de condicionar a municipios opositores?
Por ahora, el decreto ya comenzó a generar ruido en distintas intendencias. Y mientras desde el oficialismo buscan instalar que los jefes comunales “no quieren controles”, juristas y dirigentes municipales responden que el problema no es el control, sino quién pretende ejercerlo y bajo qué facultades legales.
La discusión recién empieza. Pero para muchos, el Decreto N° 1113 ya quedó marcado como otro capítulo de improvisación jurídica dentro de un Gobierno que, lejos de ordenar la administración pública, parece profundizar sus propias contradicciones
