Hoy se conoció el procesamiento en la denominada causa de tierras. Como corresponde, será apelado.
Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento pues la adjudicación en venta de inmuebles rurales no supone transferencia de titularidad... y lo más increíble es que funcionarios de rango inferior fueron sobreseídos con responsabilidad en el control.
Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional, encargados de verificar la legalidad de cada acto.
Pretender atribuir responsabilidad penal desconociendo ese sistema institucional resulta jurídicamente improcedente.
Durante nuestra gestión orgullosamente impulsamos una política de acceso a la tierra que permitió avanzar en el desarrollo de más de 8000 productores chaqueños que decidieron quedarse y apostar por el desarrollo de la provincia, convencidos de que la seguridad jurídica sobre la tierra es una condición indispensable para el desarrollo, la producción y la generación de empleo en el Chaco.
Resulta incongruente, inconsistente y temerario pretender juzgar a un gobernador, en el ámbito de la Justicia Federal, por actos administrativos dictados en el ejercicio de sus competencias.
Ello no solo plantea un serio cuestionamiento en materia de competencia, sino que además afecta principios esenciales del sistema federal consagrado por nuestra Constitución. Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la justicia como herramienta de persecusion.
Voy a defender mi actuación en cada instancia judicial con la misma convicción con la que defendí siempre los intereses del Chaco. Resulta llamativo que se pretendan criminalizar decisiones adoptadas por un gobernador en el ejercicio de funciones constitucionales. En fin, más de lo mismo! ¡Al final la verdad siempre triunfa!
