La propia directora del hospital reconoció que autorizó el ingreso de una profesional sin reválida ni matrícula habilitante para ejercer en el Chaco. El caso expone un sistema de controles prácticamente inexistente y una crisis que lleva años poniendo en riesgo la atención de los pacientes del interior.

Lo que comenzó con la denuncia de un médico del Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña terminó convirtiéndose en una confesión pública que desnuda el nivel de precariedad con el que funciona parte del sistema sanitario provincial.

La directora del Hospital de General Pinedo admitió ante distintos medios de comunicación haber autorizado la contratación de una médica con título expedido en Paraguay que no contaba con la reválida exigida por la legislación argentina ni con matrícula habilitante para ejercer en la provincia del Chaco.

La gravedad del reconocimiento no radica únicamente en la irregularidad administrativa. Quien hizo la admisión es precisamente la máxima autoridad del hospital, una funcionaria que, por su cargo, conoce o debería conocer que ningún profesional puede atender pacientes sin cumplir los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la medicina.

Si la propia directora reconoce haber decidido contratar a una profesional sin habilitación, la pregunta inevitable es: ¿dónde estuvieron los controles del Ministerio de Salud?

Compara dicha contratación con la que se realiza con médicos residente despertando una nueva alerta  

Un sistema que funciona sin controles

El caso deja al descubierto una realidad que desde hace años denuncian médicos del interior: hospitales obligados a cubrir guardias a cualquier costo, contrataciones improvisadas y mecanismos administrativos que muchas veces terminan reemplazando los controles legales.

Ahora la investigación deberá determinar bajo qué modalidad fue remunerada la profesional. Si existieron facturas válidas, contrataciones formales o si se recurrió a otros mecanismos de pago como el generar horas a profesionales de planta para justificar el gasto que también podrían ser objeto de investigación administrativa o penal.

Pero el expediente no termina allí.

Según la denuncia, la profesional habría firmado derivaciones utilizando una matrícula que pertenecería a una médica de la provincia de Córdoba y no con una matrícula habilitante obtenida tras la reválida de su título extranjero. Si esa circunstancia se confirma en sede judicial, ya no se trataría solamente de una irregularidad administrativa sino de hechos que podrían tener relevancia penal.

Nadie discute que una profesional formada en otro país pueda ejercer en Argentina. Lo que exige la ley es que primero cumpla con los procedimientos de reválida y matriculación. Exactamente lo mismo ocurrió años atrás cuando fracasó el intento de incorporar médicos cubanos durante la gestión del exgobernador Domingo Peppo: los títulos extranjeros debían ser revalidados antes de habilitar el ejercicio profesional.

La diferencia con la gestión anterior

A diferencia de otros episodios similares ocurridos en el pasado, la actual conducción del Ministerio de Salud decidió abrir una investigación interna e intervenir frente a la denuncia, sin dirigir inicialmente las responsabilidades hacia quien expuso las presuntas irregularidades.

La diferencia no es menor. En otros tiempos, denunciar podía significar convertirse en el problema. Hoy el foco parece estar puesto en esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Un problema que se repite

Los antecedentes son numerosos.

Directores de hospitales ya fueron investigados e incluso imputados por situaciones vinculadas con el ejercicio irregular de la medicina, como ocurrió en Quitilipi. También existen actuaciones relacionadas con Villa Río Bermejito, donde la investigación continúa avanzando.

General Pinedo no sería entonces un hecho aislado sino un nuevo capítulo de un modelo sanitario que hace años muestra signos de agotamiento.

La verdadera enfermedad del sistema

El problema de fondo no es únicamente una contratación irregular.

El verdadero fracaso es un sistema incapaz de atraer médicos al interior, con honorarios que no resultan competitivos y modalidades de contratación que terminan empujando a las autoridades hospitalarias a cubrir guardias como sea, exponiendo tanto a los pacientes como a los propios funcionarios.

Mientras las universidades públicas, como la UNNE y la UNCAUS, continúan formando profesionales, muchos de ellos emigran hacia otras provincias o al sector privado porque el sistema público chaqueño no logra ofrecer condiciones laborales acordes.

La consecuencia termina siendo siempre la misma: hospitales con dificultades para cubrir guardias, funcionarios que asumen riesgos administrativos para garantizar atención y pacientes que quedan en medio de un sistema que parece reaccionar únicamente cuando estalla un escándalo.

La investigación judicial y administrativa determinará las responsabilidades individuales. Sin embargo, el caso de General Pinedo deja una conclusión política difícil de discutir: si la propia directora de un hospital admite públicamente haber contratado a una profesional sin habilitación legal, el problema ya no puede atribuirse a un hecho aislado. Es la evidencia de un sistema sanitario que durante años funcionó con controles insuficientes y cuya reforma resulta impostergable.