Sobre el final de esta semana, la causa judicial que mantiene en alerta al poder político saenzpeñense que comanda la familia Cipolini sumó un nuevo capítulo. Y no es por su avance, precisamente. Es que luego de que el intendente Bruno Cipolini contratase al abogado Juan Arregin para recusar al fiscal Marcelo Soto y la inhibición de éste último, su colega Gustavo Valero la rechazó.

Para Valero, que Soto haya sido denunciado por el abogado Arregin ante el Consejo de la Magistratura no es una causal suficiente para provocar su inhibición en la causa que investiga el uso de fondos públicos en inversiones financieras de alto riesgo y sin garantías, en la que ya está imputado el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Sáenz Peña y mano derecha de Bruno Cipolini, Diego Landriscina.

En ese sentido, el fiscal Valero advirtió que el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento desestimó la denuncia de Arregin contra Soto por lo que consideró que “la circunstancia invocada por el titular del Equipo Fiscal Nº 3 no constituye motivo para apartarse”. Según su interpretación, el caso no está alcanzado por lo que establece el inciso 7º del artículo 67 del Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco.

Valero también citó un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia en el que el máximo tribunal señaló que “solo circunstancias de carácter particular y concreto pueden mediar para apartarlo de ella ante la existencia de sospecha de parcialidad”, y recalcó que ésta “debe fundarse en hechos concretos y relativos a la misma causa en cualquiera de sus partes y los aludidos hechos han de actuar como índices de justicia”.

Respecto de la recusación, el fiscal recordó que para el STJ “cautela y restricción son las pautas que condicionan la consideración de peligro para la recta administración de la recusación”, y subrayó que “una acogida amplia del instituto resultaría contraria sus propios fines y llevaría al irritante resultado de sacar al pleito de conocimiento del juez interviniente por esta vía de sutileza sin motivo válido que justifique tal proceder”. Es decir, apartarse sin fundamentos concretos y fundados de una causa en la que se está interviniendo y que involucra a actores de poder sería convalidar la maniobra de impunidad que puso en marcha la gestión Cipolini.

Todo indicaba, además, que el jefe comunal podría ser el próximo imputado en la causa que investiga el destino de alrededor de 1800 millones de pesos de fondos municipales invertidos en cheques de pago diferido que otorgaban una rentabilidad que duplicaba la de un plazo fijo pero que no contaba con ningún tipo de garantía en caso de inconvenientes de pago por parte del librador, lo que efectivamente sucedió.

Para proseguir con la causa, el fiscal Valero pidió librar un oficio al Consejo de la Magistratura para que informe si existen presentaciones iniciadas por el abogado Arregin contra el fiscal Soto y, en caso positivo, estado actual, resolución dictada en consecuencia y todo dato de interés.

Posteriormente, se remitirá el caso a la Procuración Adjunta para que defina quién será finalmente el que continúe con la investigación que encendió todas las alarmas en las huestes de la familia Cipolini.

Como antecedente, vale recordar que un día antes de que Soto se inhiba de seguir con la investigación, el Procurador General Adjunto, Miguel Fonteina, nombró a la fiscal de Cámara Andrea Bastos para que colabore con él.

El fantasma de que se trata de maniobras para garantizar la impunidad del intendente Cipolini no deja de crecer y también la sospecha de que quién quedará a cargo de la causa será finalmente el fiscal provisorio César Collado, mantenido en su puesto por intervención de una funcionaria de Cipolini ante el Consejo de la Magistratura del Chaco que hizo caer el concurso donde debía designarse al fiscal titular y en el que Collado había quedado eliminado por falta de capacidad técnica.