El Club Ferrocarriles recibió más de $72 millones en transferencias provinciales y ahora aparece un nuevo proyecto para finalizar un microestadio. Mientras otras instituciones reclaman falta de acompañamiento, crecen los interrogantes sobre los criterios utilizados para distribuir los recursos y sobre el eventual beneficio político que podrían obtener determinados dirigentes.

En una provincia atravesada por las restricciones presupuestarias, las dificultades del sistema sanitario, la falta de profesionales en distintos puestos de salud y las históricas carencias de infraestructura en el interior, el destino de cada peso público debería estar sometido a una pregunta elemental: ¿cuáles son las prioridades?

La pregunta cobra mayor fuerza frente a la información sobre un nuevo convenio que impulsaría el gobernador Leandro Zdero para avanzar en la finalización de un microestadio en General Pinedo.

No se trata de cuestionar al deporte ni de negar la importancia social de los clubes. Las instituciones deportivas cumplen una función fundamental en la contención, formación y desarrollo de miles de jóvenes chaqueños. El debate es otro: la magnitud de los recursos, los criterios de distribución y la aparente concentración del acompañamiento estatal en determinadas instituciones.

Según los datos de transferencias relevados para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, el Club Ferrocarriles de General Pinedo recibió:

• Año 2024: $25.501.343,40
• Año 2025: $37.842.215,90
• Año 2026: $10.350.000,00

Total: $73.693.559,30 en transferencias provenientes de organismos provinciales.

Las cifras muestran una presencia sostenida del Estado provincial en el financiamiento de la institución. Y el nuevo proyecto para terminar el microestadio vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que el Gobierno debería responder con absoluta transparencia: ¿qué parámetros se utilizan para determinar qué clubes reciben millones y cuáles deben sobrevivir prácticamente sin asistencia?

La sponsorización: no es simplemente “plata privada”

Seguramente aparecerán quienes intenten responder que parte de estos fondos corresponden a la denominada inversión privada, mediante la Ley N.º 1772-S, Régimen de Sponsorización y Tutoría del Deporte.

Pero es necesario explicar claramente cómo funciona el mecanismo.

El régimen permite que contribuyentes realicen aportes a proyectos deportivos y luego accedan a un beneficio fiscal vinculado al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, dentro de los límites establecidos por la normativa. La ATP exige la formalización del acogimiento, el acta-convenio y el depósito de los fondos en una cuenta destinada al proyecto, para luego habilitar el incentivo fiscal correspondiente. La normativa vigente fue actualizada nuevamente en 2026 mediante un nuevo procedimiento de acogimiento.

Por lo tanto, reducir el debate a la frase “es plata privada” resulta, como mínimo, incompleto.

El empresario realiza un aporte, pero ese aporte se encuentra vinculado a un régimen de incentivo fiscal que impacta sobre la recaudación tributaria provincial. Es decir, el sistema supone una decisión pública sobre la utilización de una parte de recursos que, de otro modo, integrarían la masa tributaria provincial. La propia ATP reconoce oficialmente el régimen como una herramienta de financiamiento para clubes y proyectos deportivos mediante beneficios fiscales.

La discusión, entonces, no debería ser si el deporte merece apoyo. Lo merece.

La verdadera discusión es: ¿por qué determinadas instituciones parecen tener una capacidad extraordinaria para acceder a recursos, convenios, sponsorizaciones y obras, mientras otras instituciones chaqueñas continúan reclamando asistencia?

Un Estado con recursos limitados debe explicar sus prioridades

En el interior del Chaco todavía existen localidades con problemas de acceso al agua potable, deficiencias en infraestructura sanitaria y establecimientos que enfrentan dificultades para contar con profesionales de guardia.

En ese contexto, resulta legítimo preguntar si los recursos, transferencias, beneficios fiscales y nuevos convenios no podrían también fortalecer otras prioridades.

Una ambulancia fuera de servicio.

Medicamentos que faltan.

Un puesto sanitario sin médico.

Equipamiento para hospitales.

Redes de agua potable.

Obras de cloacas.

La discusión no pretende enfrentar al deporte contra la salud. Ese sería un planteo simplista.

Lo que corresponde discutir es cómo se distribuyen recursos que son limitados y cuáles son los criterios de prioridad que establece un gobierno que permanentemente habla de austeridad, ordenamiento del Estado y lucha contra la “casta”.

Porque la austeridad no puede ser solamente un discurso para justificar ajustes en determinados sectores mientras, paralelamente, existen instituciones que parecen contar con una puerta de acceso privilegiada al financiamiento estatal.

El contraste con Defensores de Vilelas

El interrogante adquiere todavía mayor relevancia al observar la situación de otras instituciones deportivas de la provincia.

Mientras Ferrocarriles de General Pinedo acumula, según los datos relevados, más de $73 millones en transferencias provinciales entre 2024 y 2026, otras entidades deportivas han expuesto públicamente sus dificultades para obtener acompañamiento.

El caso del Club Defensores de Vilelas, institución que compite en el Torneo Federal A, merece ser incorporado al debate.

Si una institución que representa deportivamente al Chaco en una competencia nacional debe salir a plantear públicamente sus dificultades o la falta de acompañamiento, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿todos los clubes tienen las mismas posibilidades de acceder a la ayuda del Estado?

La respuesta no puede quedar librada a fotografías, actos protocolares o discursos sobre el apoyo al deporte. Debe estar respaldada por información pública.

¿Cuánto recibió cada club?

¿Qué proyectos fueron aprobados?

¿Qué organismos transfirieron los recursos?

¿Cuáles fueron los criterios de selección?

¿Quiénes integran las instituciones beneficiadas?

¿Existen vínculos políticos entre dirigentes deportivos y funcionarios o sectores partidarios?

Y, fundamentalmente, ¿qué evaluación realiza el Estado sobre el impacto social y deportivo de cada peso invertido?

¿Inversión deportiva o construcción política?

El Gobierno de Leandro Zdero tiene derecho a impulsar políticas deportivas y a financiar infraestructura. Lo que también tienen los chaqueños es el derecho a saber por qué algunos dirigentes parecen recibir un impulso institucional, económico y mediático superior al de otros.

Cuando una institución concentra durante varios años transferencias millonarias, recibe elementos deportivos, acompañamiento oficial y ahora podría sumar una obra de infraestructura de gran visibilidad, es inevitable que surja la sospecha política.

Sobre todo cuando existen dirigentes vinculados o cercanos al oficialismo que podrían capitalizar electoralmente la expansión y el fortalecimiento de esa estructura.

No es una acusación afirmar que todo apoyo estatal constituye una maniobra electoral. Pero sí es una obligación periodística preguntar si existe una utilización política de la inversión pública cuando los beneficios parecen concentrarse y coinciden con la construcción de figuras o dirigentes con proyección electoral.

Porque si el objetivo fuera exclusivamente fortalecer el deporte chaqueño, debería existir una política de acceso transparente, equilibrada y verificable para todas las instituciones que cumplen una función social.

De lo contrario, el riesgo es evidente: que bajo el discurso de la inversión deportiva se termine utilizando la estructura estatal para fabricar dirigentes, construir imagen y otorgar oxígeno político a determinados sectores.

Y entonces la pregunta deja de ser deportiva.

La pregunta pasa a ser política:

¿El Gobierno de Leandro Zdero está invirtiendo solamente en el crecimiento de una institución o también está utilizando recursos y herramientas del Estado para fortalecer la imagen y el futuro electoral de determinados dirigentes?

En una provincia con necesidades urgentes y recursos limitados, esa respuesta no debería quedar en manos de una campaña publicitaria.

Debería estar en los expedientes, en los convenios, en las transferencias y, sobre todo, a disposición de todos los chaqueños