Una fuerte controversia se desató en torno al proceso de adjudicación de viviendas en General San Martín. Vecinos, referentes políticos y pre adjudicatarios cuestionan la versión oficial y exigen explicaciones al IPDUV.
No se trata de una discusión menor ni de una simple diferencia administrativa. Lo que está en juego son proyectos de vida. Para muchas familias, acceder a una vivienda significa la posibilidad de estabilidad, trabajo y futuro. Y cuando ese camino se ve atravesado por presuntas irregularidades, omisiones o información contradictoria, el impacto deja de ser político para volverse profundamente humano.
En las últimas horas, el gobierno provincial difundió a través de su sitio oficial el Gobierno del Chaco una versión que encendió aún más el conflicto. Según lo publicado, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Fernando Berecoechea, aseguró que la Justicia declaró nulo el listado de adjudicatarios impulsado por el municipio, argumentando que no cumplía con los marcos legales vigentes.
Sin embargo, esa afirmación es hoy el principal foco de cuestionamiento. Distintos actores exigen que se haga público el supuesto fallo judicial. La falta de ese documento alimenta dudas: ¿existió realmente esa resolución o se trata de una interpretación interesada?
El conflicto no termina allí. Según relatan los propios involucrados, el organismo habría avanzado previamente con una serie de medidas que parecen contradecir el discurso actual. Entre ellas, la publicación de edictos en el Boletín Oficial con fecha 12 de enero de 2026 en los que se intimaba a posibles interesados a presentarse en un plazo perentorio para hacer valer derechos sobre viviendas del plan “228 Viviendas – Programa Casa Propia Construir Futuro” en General San Martín.
Ese procedimiento, lejos de aclarar la situación, generó más incertidumbre. En plena época de vacaciones y con plazos administrativos cuestionados, se impulsó una instancia que abría la puerta a dejar sin efecto adjudicaciones previas. Para muchos, una señal de desorden o, peor aún, de una maniobra para redefinir beneficiarios.
El tema llegó incluso al ámbito legislativo. El diputado provincial Guillón solicitó explicaciones formales al titular del IPDUV, en medio de sospechas sobre la legalidad y transparencia del proceso. La pregunta que sobrevuela es incómoda: ¿se generó un conflicto desde el propio organismo? ¿Hubo desinformación hacia el Ejecutivo?
Mientras tanto, en el territorio, la tensión crece. El diputado provincial Guillón junto al diputado nacional Leiva recorrieron el lugar y dialogaron con preadjudicatarios que aseguran haber sido perjudicados. Allí se encontraron con una situación inesperada: vallados que, según denunciaron, exceden el perímetro de obra e incluso en algunos casos se extienden hasta 200 metros, afectando la circulación de vecinos que habitan la zona.
Como si fuera poco, surge otro interrogante de fondo: el financiamiento de las viviendas. Se analiza si el plan fue desfinanciado o si forma parte de acuerdos de compensación de deudas entre provincia y Nación, lo que podría haber alterado el destino original de los recursos.
En medio de versiones cruzadas, documentos que no aparecen y decisiones que generan más dudas que certezas, las únicas víctimas claras son las familias que esperan una respuesta concreta. No piden privilegios ni discrecionalidad: reclaman transparencia, reglas claras y respeto por un derecho básico.
Porque cuando el Estado falla en algo tan esencial como el acceso a la vivienda, no solo se rompe la confianza. Se frustra, una vez más, la posibilidad de construir futuro.
