En la joven ciudad de Colonia Aborigen, creada como reconocimiento institucional durante un gobierno kirchnerista, estalló un conflicto que mezcla presunta corrupción, fondos sanitarios sin rendir y decisiones administrativas que podrían rozar la nulidad. La pregunta es simple: ¿quién controla y quién responde?
Con la ciudad dando sus primeros pasos institucionales tras las elecciones de 2023, el Gobierno provincial designó como Director del hospital local a un militante identificado políticamente, decisión que ya había generado murmullos internos.
Según consta en documentación administrativa, el entonces director, Alfredo David Chara, solicitó anticipos correspondientes al Plan SUMAR programa que en la provincia continúa la línea del ex Plan Nacer durante octubre de 2024.
Se trata de fondos que se giran a modo de anticipo para cubrir prestaciones sanitarias y que deben ser rendidos en los plazos establecidos por la normativa vigente.
Fondos transferidos… pero no rendidos
El Ministerio de Salud, en línea con el discurso oficial de fortalecer a las comunidades originarias y garantizar recursos, autorizó la transferencia de los montos solicitados. Sin embargo, el problema surgió después: la rendición nunca habría sido presentada en tiempo y forma.
La situación quedó formalizada en la Disposición Nº 2026-184-6-289, que ordena: “Autorizar a la Dirección de Administración a través del área pertinente a retener los haberes al agente Chara Alfredo David, por el importe de pesos un millón seiscientos ($1.600.000,00) no rendido y/o reintegrado en el plazo reglamentado, conforme lo establece el Memorando N° 50/2014 de la Contaduría General de la Provincia.”
El monto retenido asciende a $1.600.000 por fondos no rendidos ni reintegrados dentro del plazo reglamentario.
¿Blindaje administrativo?
Fuentes consultadas señalan que el acceso a documentación adicional estaría restringido, lo que impide confirmar si existieron otros desembolsos bajo la misma modalidad. La falta de transparencia alimenta sospechas en una ciudad que recién comienza su vida institucional.
La administración pública provincial, según sostienen voces críticas, habría endurecido los mecanismos internos de información, dificultando conocer si el caso es aislado o parte de una práctica más amplia.
Una decisión en debate
Pero el conflicto no termina allí. En medio del escándalo, habría sido el subsecretario Marcelo Javier Ojeda quien dispuso la baja del director y la designación de un nuevo responsable del hospital.
Aquí surge el interrogante jurídico:
¿Puede un subsecretario dejar sin efecto una resolución o designación emanada de un ministro? De confirmarse irregularidades en la cadena administrativa, el acto podría ser objetado por vicios de competencia.
Especialistas advierten que errores formales en este tipo de decisiones suelen abrir la puerta a futuros reclamos judiciales, incluso con eventuales pedidos de resarcimiento por parte del funcionario desplazado.
Lo que queda por saber Mientras tanto, en Colonia Aborigen la incertidumbre crece.
¿Se reintegraron efectivamente los fondos? ,¿Hubo otros anticipos similares?
En una comunidad históricamente postergada, lo ocurrido golpea doblemente: por el posible manejo irregular de recursos sanitarios y por las dudas administrativas que empañan los primeros años de autonomía institucional.
