El radicalismo intenta erigirse en defensor del bolsillo popular, pero los números oficiales demuestran que su discurso es una construcción artificial: basta revisar tarifas, ordenanzas y antecedentes para comprobar que el relato se derrumba frente a la evidencia.
En política, los discursos pueden construirse; los números, no. Y cuando los datos entran en escena, muchos relatos cuidadosamente elaborados se derrumban. Eso es lo que ocurre con el rechazo de los concejales radicales de General Pinedo a la ordenanza municipal impositiva: una crítica ruidosa que pierde solidez apenas se la contrasta con el archivo y la realidad.
El radicalismo local intenta presentarse como guardián del bolsillo de los vecinos, cuestionando los tributos municipales como si fueran el principal origen de la presión económica. Sin embargo, esa postura omite —deliberadamente— el contexto general y, sobre todo, las responsabilidades políticas propias. Durante la gestión 2019–2023, cuando dirigentes radicales recolectaban firmas en plazas y esquinas en contra de aumentos tarifarios, los incrementos acumulados rondaron el 60 %. Muy lejos de los ajustes que comenzaron a aplicarse desde enero y febrero de 2024.
Con la Resolución Nacional N.º 7/24, el Gobierno nacional actualizó los precios mayoristas de la energía, decisión que impactó de lleno en las provincias. En el Chaco, esto se tradujo en aumentos definidos por la Secretaría de Energía con subas promedio cercanas al 104 % para usuarios de ingresos altos (N1) y alrededor del 44 % para ingresos medios (N3), siempre tomando como referencia las tarifas de enero de 2024. No se trata de decisiones municipales, sino de políticas nacionales y provinciales impulsadas por espacios políticos que el radicalismo integra y sostiene.
Pero si el debate se centra en tributos locales, el archivo vuelve a ser implacable. Basta mirar lo ocurrido en Presidencia Roque Sáenz Peña. En 2024, la Ordenanza establecía que la licencia de conducir categoría A costaba $1.300 anuales. Dos años después, la Ordenanza 2026 fijó ese mismo trámite en $25.000. El aumento supera el 1.800 %. Una cifra difícil de justificar y aún más difícil de explicar cuando quienes hoy levantan la bandera contra la presión impositiva guardaron silencio frente a incrementos de esa magnitud.
La contradicción se profundiza cuando los mismos concejales hacen públicas las cifras que percibirían el intendente y el bloque oficialista. La pregunta es inevitable: ¿esa exposición busca transparencia real o es apenas una maniobra de desgaste político? Porque si el objetivo fuera dar el ejemplo, lo lógico sería acompañar la divulgación con una propuesta concreta, como la reducción voluntaria de dietas. Sin ese gesto, la publicación parece responder más a una lógica de escándalo que a una vocación genuina de austeridad.
General Pinedo, como la mayoría de los municipios, atraviesa una situación crítica producto de la caída de la coparticipación. Menos recursos, más demandas y un escenario social complejo. A eso se suma un ecosistema comunicacional donde la viralización reemplaza muchas veces a la responsabilidad. Las recientes lluvias lo demostraron: imágenes de calles anegadas circulan rápidamente, pero rara vez se acompaña esa exposición con mensajes que apunten a la conciencia social, como la correcta disposición de residuos para evitar obstrucciones y agravar los problemas.
En este contexto, la oposición no puede limitarse a señalar al municipio. El radicalismo gobierna la provincia y cuenta con representación en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación. Tiene herramientas políticas, institucionales y legislativas para gestionar recursos, presionar por fondos y defender a los municipios que hoy dicen proteger. No hacerlo y, al mismo tiempo, culpar exclusivamente a la gestión local es una forma de eludir responsabilidades.
La discusión impositiva es legítima y necesaria. Lo que no resulta aceptable es el doble discurso. Porque cuando el archivo habla y los números se ponen sobre la mesa, queda claro que el problema no es solo una ordenanza municipal, sino una dirigencia que exige coherencia hacia afuera mientras la esquiva hacia adentro.
