Una vieja frase de los años 70 vuelve a resonar con fuerza en la actualidad: “no te metas”. En otro contexto histórico, con otras herramientas y otros actores, pero con una lógica que parece repetirse peligrosamente. Quien denuncia, quien expone irregularidades o quien decide no callar, termina señalado, castigado y convertido en objetivo político.
Lo ocurrido con las denuncias por falsos médicos en la provincia del Chaco no parece ser un hecho aislado ni un simple error administrativo. Por el contrario, deja expuesto un sistema donde el poder político intenta despegarse de responsabilidades, trasladar culpas y construir relatos para proteger gestiones mientras se castiga a quienes actuaron conforme a la ley.
En el pedido de ampliación de denuncia impulsado por diputados oficialistas, el diputado Gómez ex fiscal de la justicia provincial remarca como un dato central que el 3 de agosto de 2022 un abogado del Ministerio de Salud de la gestión anterior denunció la existencia de un supuesto médico trucho que trabajaba en Quitilipi y Machagai.
Sin embargo, omite mencionar un dato igual de relevante: el mismo profesional que realizó aquella denuncia también denunció el 14 de junio de 2023 a otra persona por presunto ejercicio ilegal de la medicina. Es decir, el denunciante no ocultó información, no miró para otro lado y actuó nuevamente ante una irregularidad detectada.
Entonces surge una pregunta inevitable: si las denuncias existían y estaban formalmente radicadas, ¿quién no actuó?
Porque el problema ya no parece exclusivamente político. También interpela directamente al funcionamiento judicial. Y allí aparecen nombres que conocen perfectamente cómo opera el sistema. El diputado Gómez, ex integrante de la justicia provincial y miembro del Consejo de la Magistratura, y el diputado Reguera, también vinculado históricamente al ámbito judicial y al Consejo de la Magistratura, difícilmente puedan desconocer cómo funcionan los expedientes, las fiscalías y los mecanismos de investigación en Presidencia Roque Sáenz Peña.
Las propias manifestaciones de los legisladores dejan una lectura inquietante: si las denuncias estaban hechas y nadie avanzó, ¿están reconociendo implícitamente que la justicia actuaba condicionada por intereses políticos? ¿O buscan instalar que determinados expedientes dormían según la conveniencia del poder de turno?
Porque resulta contradictorio intentar responsabilizar exclusivamente a una gestión política por “no denunciar” cuando las denuncias efectivamente existieron. El verdadero interrogante es otro: ¿qué ocurrió después? ¿Quién debía actuar? ¿Quién archivó, demoró o dejó avanzar situaciones que hoy escandalizan a la sociedad?
La diferencia entre aquellos casos y el actual es que el gobierno provincial intenta instalar un relato ambiguo. Por un lado, funcionarios y dirigentes buscan adjudicarse el mérito de las denuncias. Pero la realidad indica que las actuaciones se realizaron institucionalmente desde el Gobierno de la Provincia del Chaco, en función de cargos públicos específicos, como el de Jefe de Zona Sanitaria II.
Paradójicamente, quien denunció termina expuesto, señalado y castigado mediáticamente. Mientras tanto, quienes debían garantizar controles administrativos, sanitarios y judiciales parecen quedar fuera de toda discusión pública.
Y allí vuelve la frase que atraviesa décadas: “no te metas”.
Porque en el Chaco de hoy, quien hace lo que corresponde parece pagar consecuencias. Durante la gestión anterior sufrió persecución; en la actual, según denuncian distintos sectores, le “bajan el dedo”, lo exponen y activan aparatos políticos y mediáticos para desacreditarlo.
La pregunta es inevitable: ¿por qué se castiga al denunciante? ¿Por denunciar? ¿Por dejar en evidencia fallas estructurales que nadie quiere explicar?
Hasta el día de hoy, la sociedad chaqueña no conoce con claridad cuáles son los mecanismos administrativos del Ministerio de Salud para cubrir guardias, reemplazos, francos y urgencias. Tampoco existe información pública precisa sobre cómo se habilita el ingreso de profesionales a las guardias, cuál es el circuito administrativo de pagos o qué controles concretos se realizan sobre la documentación presentada.
Sin reglas claras, sin controles transparentes y con operaciones políticas cruzadas, el problema deja de ser un caso individual y pasa a reflejar una crisis mucho más profunda.
La sensación que queda es preocupante: en vez de proteger a quien advierte irregularidades, el sistema parece concentrarse en disciplinarlo. Y cuando denunciar tiene costo político, el mensaje implícito para el resto de la sociedad vuelve a ser el mismo de hace décadas: “mejor no te metas”.
