Con un presupuesto que supera los 281 millones de pesos, la construcción de un monumento a los Tres Poderes en el Parque de la Democracia desata fuertes críticas. La obra, que debía finalizar en 30 días, acumula demoras, interrogantes y un creciente malestar social.
En medio de un contexto económico complejo, donde las demandas sociales se multiplican y las necesidades básicas siguen sin resolverse, el Estado vuelve a quedar en el centro de la polémica por una decisión que muchos consideran injustificable: la construcción de un monumento a los Tres Poderes.
El proyecto, emplazado en el Parque de la Democracia, implica una inversión de $281.917.601,94, una cifra que genera indignación en amplios sectores de la sociedad. La obra fue adjudicada el pasado 22 de diciembre mediante concurso de precios y tenía un plazo de ejecución de apenas 30 días. Sin embargo, ya acumula más de 65 días de demora, lo que abre una serie de interrogantes sobre su planificación, control y financiamiento.
A la polémica por el gasto se suma una cuestión de fondo: la falta de prioridades. En una provincia donde persisten problemas estructurales en áreas sensibles como salud, educación, seguridad e infraestructura básica, la decisión de destinar semejante suma a un monumento es vista por muchos como una desconexión total con la realidad.
Más aún, el sentido mismo de la obra genera cuestionamientos. Se trata de un monumento en homenaje a los Tres Poderes del Estado, instituciones que, según distintas mediciones de opinión pública, no cuentan con la confianza de la ciudadanía. De hecho, una encuesta nacional realizada en 2023 reflejó una percepción mayoritariamente negativa, calificando al Estado como “incapaz, ausente y poco transparente” https://www.cronista.com/economia-politica/incapaz-ausente-y-poco-transparente-como-percibe-la-sociedad-argentina-al-estado/
En ese contexto, el monumento es interpretado por algunos sectores como un gesto de autocelebración de la dirigencia política, lejos de las preocupaciones reales de la gente.
La ubicación elegida tampoco está exenta de controversia. El monumento se construye sobre un predio donde anteriormente se intentó desarrollar un centro de monitoreo, obra que fue paralizada tras el reclamo de vecinos y ambientalistas. De aquel proyecto quedó una estructura base la platea elevada sobre la cual ahora se avanza con la nueva intervención. Hasta el momento, lo ejecutado incluye una rampa de acceso y bancos de hormigón, elementos que contrastan con el monto millonario ya comprometido.
Las demoras en la obra también alimentan sospechas. ¿Se trata de incumplimientos por parte de la empresa constructora? ¿Existen sanciones previstas? ¿O el retraso responde a la falta de pago de certificados por parte del Estado? Este último escenario no sería menor, ya que podría derivar en re determinaciones de precios, un mecanismo habitual que termina incrementando aún más el costo final de la obra.
Así, lo que comenzó como un proyecto simbólico se convierte en un nuevo foco de críticas hacia la gestión pública. La pregunta que sobrevuela es tan simple como contundente: ¿es este el destino que deben tener los recursos públicos en un contexto de necesidades urgentes?
Mientras tanto, la obra avanza lentamente y el malestar crece. Porque más allá del hormigón y la estructura, lo que está en discusión no es solo un monumento, sino el criterio con el que se gobierna y se decide en qué se invierte el dinero de todos.
