Ferrocarril de Pinedo: el faltante de $7,5 millones expone la falta de controles de la comisión directiva y compromete a su presidente

Lo que debía ser una importante recaudación para el Club Atlético Ferrocarril del Estado terminó con una denuncia penal, una vendedora detenida y una comunidad que ahora se pregunta quién controlaba el dinero. Víctor Galeano, presidente de la institución y quien supo proyectarse como candidato a intendente, deberá dar explicaciones sobre los mecanismos de fiscalización que se utilizaron para organizar el bingo.


El tradicional bingo del Club Atlético Ferrocarril del Estado de General Pinedo terminó envuelto en una investigación judicial por un presunto faltante de aproximadamente $7.500.000, correspondiente a la comercialización de 94 cartones que no habrían sido rendidos a la institución.

 

Una docente de 39 años fue detenida luego de la denuncia presentada por las autoridades del club. Según la presentación, cada cartón tenía un valor de $80.000 y los compradores habrían abonado las cuotas correspondientes mediante transferencias al alias "bingoferro2019", registrado a nombre de la vendedora y ajeno a las cuentas oficiales de la entidad.

Los hechos habrían sido detectados después del sorteo realizado el 13 de noviembre, cuando la comisión directiva comenzó a revisar los números y advirtió que el dinero correspondiente a esos 94 cartones no figuraba en la rendición.

El presidente, Víctor Galeano, fue quien formalizó la denuncia policial alrededor de las 23 del miércoles. Sin embargo, denunciar un presunto faltante no responde por sí solo la pregunta más importante: ¿dónde estaban los controles mientras se comercializaban los cartones?

94 cartones y una pregunta que la comisión directiva no puede esquivar

La dimensión del presunto faltante obliga a mirar más allá de la conducta que se investiga judicialmente.

No se trata de uno o dos cartones extraviados ni de una diferencia menor en una caja. Estamos hablando de 94 unidades, con un valor individual de $80.000, comercializadas mediante un sistema de cuotas que, por su propia naturaleza, requería seguimiento, conciliación de pagos y rendiciones periódicas.

¿Quién autorizaba la entrega de semejante cantidad de cartones? ¿Existía un registro actualizado de los compradores? ¿Quién verificaba las transferencias? ¿Con qué frecuencia se solicitaban las rendiciones? ¿Por qué se permitió que los pagos se realizaran a un alias que no pertenecía a una cuenta oficial del club?

Son interrogantes elementales para cualquier institución que organiza una actividad de recaudación pública.

La responsabilidad penal de la vendedora, si se acredita, deberá determinarla la Justicia. Pero la responsabilidad institucional de quienes conducen el club no desaparece porque hayan presentado una denuncia. La comisión directiva tiene la obligación de explicar cómo funcionó el sistema de control y por qué no detectó antes una situación de esta magnitud.

El daño no es solamente económico

El perjuicio potencial supera los $7.500.000. También está en juego la credibilidad de una institución deportiva que depende del acompañamiento de sus socios, simpatizantes y vecinos.

El Sudoeste chaqueño tiene una extensa tradición de bingos y eventos solidarios destinados a recaudar fondos para clubes, escuelas, hospitales y otras instituciones. Son actividades que movilizan a comunidades enteras y que se sostienen sobre una condición indispensable: la confianza de quienes compran un número y aportan su dinero.

En General Pinedo existen antecedentes de ese esfuerzo colectivo. Basta recordar el bingo organizado para recaudar fondos destinados al hospital local, que contó con la participación y colaboración del municipio. En ese tipo de iniciativas, cada vecino contribuye convencido de que su aporte llegará al destino anunciado.

También debe considerarse que Lotería Chaqueña interviene como organismo fiscalizador de los sorteos, dentro de sus competencias y de las condiciones de autorización. Esa fiscalización no reemplaza la obligación de la comisión directiva de controlar la comercialización, los cobros y la rendición de los cartones.

Un sorteo puede contar con autorización y fiscalización oficial, pero eso no garantiza por sí solo que la administración interna de los fondos sea correcta.

Galeano deberá explicar qué controles tenía el club

Víctor Galeano no es un dirigente ajeno a las aspiraciones políticas de General Pinedo. Su nombre también estuvo vinculado a la posibilidad de disputar la intendencia.

Y es precisamente allí donde el episodio adquiere otra dimensión pública, sin necesidad de anticipar conclusiones judiciales ni atribuirle participación en el presunto faltante.

Quien preside una institución tiene responsabilidades de conducción, supervisión y administración. No necesariamente debe ejecutar personalmente cada tarea, pero sí debe garantizar que existan mecanismos para controlar a quienes reciben, cobran y rinden dinero en nombre de la entidad.

Delegar funciones no significa renunciar al control. Cuando una institución entrega 94 cartones a una misma vendedora, el seguimiento de esa operación no puede quedar librado a la confianza personal.

Si los controles existían, habrá que explicar por qué no funcionaron. Si no existían, la pregunta es todavía más seria: ¿cómo se organizó una recaudación de esta magnitud sin un mecanismo de seguimiento adecuado?

La denuncia no alcanza para cerrar el capítulo

La investigación judicial deberá establecer qué ocurrió con el dinero, quiénes intervinieron y si existieron responsabilidades penales. Mientras tanto, la comisión directiva tiene una obligación que no puede delegar: dar explicaciones a los socios y a la comunidad.

Porque el daño no se limita al dinero que presuntamente no ingresó a las arcas del club. También compromete el esfuerzo de quienes compraron los cartones, cumplieron con sus cuotas y confiaron en una institución deportiva de General Pinedo.

A veces, delegar demasiado termina siendo contraproducente. Pero en una institución, delegar sin controlar es una falla de conducción. Y cuando se administra dinero aportado por toda una comunidad, la responsabilidad de explicar lo sucedido comienza por quien está al frente.

En Ferrocarril de Pinedo, la Justicia deberá determinar quién responde por el dinero. La comisión directiva, y especialmente su presidente, ya tiene otra responsabilidad: explicar por qué 94 cartones pudieron comercializarse sin que el club detectara oportunamente que los fondos no estaban ingresando a sus cuentas.