Una fuerte controversia política y mediática se desató el pasado viernes en la localidad de General Pinedo a partir de la intervención del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) en dos inmuebles ocupados irregularmente. El procedimiento, que en principio responde a la recuperación de viviendas, quedó envuelto en cuestionamientos por presuntos criterios selectivos y posibles interferencias políticas.
Según pudo reconstruir este medio, la actuación del organismo provincial se dio tras una denuncia puntual, lo que derivó en la intervención y recuperación de una de las viviendas. Sin embargo, fuentes confiables sostienen que existiría otra situación de usurpación previamente denunciada que no habría recibido el mismo tratamiento. En ese caso, incluso, se señala que la ocupación habría sido promovida por indicación de un funcionario vinculado a la Unión Cívica Radical (UCR), lo que agrava el escenario.
Las viviendas en cuestión presentan características distintas. Una de ellas estaría bajo la órbita del Municipio, en el marco de las denominadas “viviendas de servicio”, módulos habitacionales destinados a alojar temporalmente a trabajadores estatales provenientes de otras localidades. Este esquema es habitual en el sudoeste chaqueño, especialmente para personal de salud como agentes del programa de vectores que deben permanecer varios días en la zona.
Esa vivienda municipal fue finalmente interdictada por el IPDUV, en un procedimiento que, según trascendió, contó con el aval del gobernador y se desarrolló tras una comunicación directa con el intendente local, evitando así una escalada de conflicto institucional.
En paralelo, la otra propiedad fue objeto de una denuncia formal, lo que motivó la intervención oficial. No obstante, el foco del conflicto radica en la disparidad de criterios: mientras una ocupación habría sido rápidamente abordada, la otra con supuestas implicancias políticas no habría tenido la misma celeridad ni consecuencias.
Desde este portal se tomó contacto con funcionarios del IPDUV, quienes señalaron que, para llevar adelante el procedimiento, se solicitó acompañamiento del jefe de la Regional Educativa, en su carácter de funcionario provincial. Llamativamente, no se requirió la participación de otros actores institucionales.
Otro dato que alimenta la polémica es la presencia de un concejal de la UCR en las inmediaciones de la vivienda denunciada como usurpada. Testigos aseguran que el edil se mostró activo en ese escenario, aunque no habría impulsado ninguna denuncia respecto de la otra vivienda, la cual pertenecía al municipio. Este doble estándar genera interrogantes sobre el rol de algunos dirigentes y la posible utilización política de situaciones irregulares.
El episodio deja al descubierto no solo un problema recurrente en torno a la ocupación indebida de viviendas estatales, sino también las tensiones políticas que atraviesan su abordaje. La falta de criterios uniformes y la sospecha de intervenciones direccionadas abren un debate necesario sobre la transparencia y equidad en la gestión pública.
