La Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña dictó la Resolución Nº 105, de fecha 16 de julio del corriente año, en el marco de la causa “Freytes, Daniel Enrique y otros c/ SAMEEP s/ Acción de Amparo Ambiental”, Expte. Nº 6042/25. Mediante este fallo, el tribunal declaró formalmente admisible la acción de amparo ambiental promovida contra SAMEEP, el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible del Chaco (o el organismo que lo reemplace) y la Administración Provincial del Agua (APA), dejando en evidencia la gravedad de la situación sanitaria y ambiental que padece la ciudad.
La resolución judicial no deja lugar a interpretaciones: ordena que los demandados actúen “de manera inmediata e incondicionada, de forma colaborativa y solidaria”, para hacer cesar todo vertido de líquidos cloacales crudos o con tratamiento deficiente en toda la ciudad. Además, exige la presentación de un Plan de Contingencia y Mitigación de Emergencia con medidas concretas, reparaciones urgentes y cronogramas de trabajo claros. Es decir, la Justicia reconoce que el problema es crítico y que la inacción ya no es una opción.
Pese a este escenario, el Gobierno de la Provincia del Chaco anunció un aporte no reintegrable de $250.000.000. A ello se suma la firma, el 30 de octubre de 2025, de un Convenio de Colaboración y Asistencia entre la Provincia, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y SAMEEP para ejecutar el denominado “Programa de Rehabilitación del Sistema Cloacal de la Ciudad”. Sin embargo, lejos de despejar dudas, estas decisiones abren nuevos interrogantes.
Resulta, cuanto menos, llamativo que los fondos sean administrados por el municipio y no por SAMEEP, que es el organismo técnico responsable del servicio y que cuenta con la estructura necesaria para llevar adelante este tipo de obras. La pregunta es inevitable: ¿por qué se margina al ente especializado en una obra de semejante complejidad, justo cuando la Justicia exige respuestas inmediatas?
El contraste se vuelve aún más evidente cuando el Gobierno provincial decide publicitar la compra de una bomba dosificadora de cloro para la localidad de Charata, una adquisición que no habría superado los $300.000. Mientras tanto, la comunidad de Sáenz Peña sigue sin conocer con precisión cómo, cuándo y con qué controles se resolverá un problema cloacal que afecta la salud pública y el ambiente.
Los números tampoco pasan inadvertidos. Solo en lo que va del año 2025, el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña recibió $605.000.000 en aportes no reintegrables: $60.000.000 el 14 de febrero; $85.000.000 el 4 de abril; $100.000.000 el 30 de septiembre; $100.000.000 el 6 de octubre; $110.000.000 el 14 de octubre; $100.000.000 el 10 de diciembre y $50.000.000 el 12 de diciembre. A esta cifra se suma ahora el aporte de $250.000.000 vinculado directamente al fallo judicial.
Todo esto ocurre en un municipio de primera categoría que, paradójicamente, paga algunos de los salarios municipales más bajos de la provincia. Según denunció la presidenta del Centro de Jubilados Municipales, Olga Méndez, los jubilados municipales perciben ingresos apenas superiores a los $150.000 mensuales, una realidad que contrasta con los millonarios fondos que ingresan a las arcas municipales.
El caso de Sáenz Peña no sería un hecho aislado. La Provincia enfrenta además un reclamo en la Justicia Federal por afluentes cloacales en la localidad de General San Martín, donde el daño ambiental podría incluso exceder los límites provinciales. El escenario plantea una advertencia clara: sin controles, transparencia y planificación real, los fallos judiciales y los millones anunciados corren el riesgo de transformarse, una vez más, en promesas incumplidas.
Preguntas que siguen sin respuesta
Ante la magnitud del daño ambiental, el fallo judicial y los millonarios recursos comprometidos, surgen preguntas que hasta el momento no han sido respondidas públicamente:
¿Por qué el Gobierno provincial decidió que los fondos no reintegrables sean administrados por el municipio y no por SAMEEP, el organismo técnico responsable del sistema cloacal?
¿Cuál es el destino preciso de los $250.000.000 otorgados tras el fallo judicial y qué mecanismos de control y auditoría se aplicarán sobre esos recursos?
¿Existe un cronograma público y verificable de obras que garantice el cese inmediato de los vertidos cloacales, tal como lo ordenó la Justicia?
¿Quién asumirá la responsabilidad política y administrativa si el Plan de Contingencia y Mitigación no se cumple en tiempo y forma?
¿Por qué se publicitan compras menores mientras no se informa con claridad a la comunidad sobre la solución de un problema sanitario estructural?
¿Cómo se explica que un municipio que recibió más de $605.000.000 en aportes no reintegrables en un solo año mantenga salarios y jubilaciones municipales en niveles de subsistencia?
¿Qué acciones concretas tomará la Provincia para evitar que situaciones similares, como la denunciada en General San Martín, sigan expandiendo el daño ambiental más allá de los límites locales?
Mientras estas preguntas permanezcan sin respuesta, el fallo judicial y los anuncios de financiamiento seguirán siendo insuficientes frente a una crisis ambiental que afecta directamente la salud y la calidad de vida de miles de vecinos.